Cuando pregunten las Paola

En la DNCD, en apenas dos años hubo que cambiar, sustituir, cancelar, transferir o dejar fuera del asunto a más de la mitad del personal, unas cinco mil personas. Un ejército. En la gestión de Ramírez Ferreiras y su equipo, en los últimos dos años se ha atrapado drogas y narcotraficantes como nunca antes en la historia de esa institución. Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos y logros, -estadísticamente demostrables-, el negocio de las drogas ilegales ha seguido viento en popa en todo el país. (Nuestros males nos mean y nosotros creemos que llueve.) La autoridad moral y el reconocimiento de hombre serio, estricto y valiente, -un hombre jodón, quiero decir-, de los que es dueño el ciudadano militar e intelectual, Radhamés Ramírez Ferreiras, ha servido para que esta hecatombe que se le ha echado encima a la sociedad dominicana haya sido menor, pero no ha dejado de ser y es una desgracia, una hecatombe. Por eso, la valiente denuncia del senador y viejo amigo Wilton Guerrero, convertido en el Quijote banilejo de esta historia de sangre y colindancias, sólo tuvo un error: la generalización. El pueblo, en su sabiduría lo dice mejor que yo: "ni son todos los que están ni están todos los que son." Pero ahí está la denuncia, y algún día esta sociedad desmemorida se lo habrá de agradecer al vehemente dirigente peledeísta, templado en mil batallas, y en sus jardines colgantes de Babilonia. Los hechos de Baní: puntos de drogas "legales", jodedores a la vera de una escuela, siete muertos una noche, son la foto final y determinante; como la de aquella niña desnuda que corría, quemado su cuerpo por las bombas genocidas del ejercito gringo en la guerra de Viet Nam, como la foto de dominicano que con toda la dignidad y una piedra en la mano enfrentó al invasor en 1965. La ciudadanía debe militar y el Estado debe comenzar –ayer- a recuperar la autoridad perdida. Y es que, sin importar los dones éticos de sus responsables, ¿qué autoridad puede tener un Estado, Gobierno, un DEPRECO o como se llame, incapaz de hacer que más de la mitad de los funcionarios públicos cumplan con el mandato legal de una simple y casi protocolar declaración jurada de bienes, que ni siquiera es confirmada en sus datos. Son señales. La ciudadanía debe militar y el Estado debe comenzar recuperar su autoridad y ética perdidas, a cualquier precio y antes de que el país se nos desparrame de drogas y muertos, y entonces, no tendremos más que llanto, cuando las Paola de cada cual nos acusen sin abrazos de haberles entregado un país más inseguro y corrupto que el que nuestra generación encontró hace ahora mil años y un sueño.