Cristo para todos

Contrario a la opinión de muchos, considero que el comportamiento de las autoridades competentes frente al caso Lubrano no es incorrecto sino incompleto. El problema no es la eficiencia cristiana de la justicia dominicana cuando de aplicar las leyes para beneficiar a gente importante se trata. No. Nuestros resentimientos, ni una lucha de clases mal entendida pueden cegarnos de tal modo.
El problema que plantea el caso Lubrano es el siguiente: ¿Cómo puede nuestra justicia ser tan solidaria y humana, cristiana y eficiente a la hora de evaluar los problemas de salud de una ciudadana condenada, y al mismo tiempo ser tan ciega, indolente, insolidaria y anticristiana ante el drama de los demás reos?
No pido que V. Lubrano sea retornada a la cárcel. No. Pido que sean sacados de ella, los centenares de prisioneros que padecen enfermedades de tal gravedad “que ponen en peligro sus vidas”, como ocurre a la señora. La misma jodida vara, por favor.
La pasada semana, una madre, presuntamente, lanzó su hija, a las aguas del río Ozama. No es necesario un título de psicólogo para ver en la tragedia una perturbación mental. Ante el hecho, lo humano, solidario, justo y cristiano, hubiese sido enviar esa pobre mujer a un hospital y asignar a un equipo de psicólogos de los que abundan en la SESPAS a evaluar su estado mental, para, sólo después, si procedía, someterla a justicia, en un sometimiento que hasta alcanzar la categoría de la cosa juzgada no debería conllevar prisión; al fin, ¿a quién c… puede hacer daño una mujer sumida en la desgracia mefistofélica de haber asesinado a su propio hijo? Pero, no, sin psicología ni ocho cuartos, la joven ya fue encerrada por tres meses en Najayo.
Lo que propongo aquí, es llevar las acciones de cristiana solidaridad y humana justicia aplicadas a V. Lubrano hasta todos los reos del país. Roberto Santana podría corregirme, pero por lo menos el 10 % de nuestros presos presenta problemas de salud que ameritan un trato similar al dado a la señora Lubrano. Lo que estoy pidiendo aquí, es que, a través de su Comisión de Indultos que integra Huchi Lora, Luisin Mejía, Nuria Piera, y Fray Arístides Jiménez, entre otros, y con apoyo de la SESPAS, se proceda a evaluar la salud de centenares de presidiarios afectados de SIDA, tuberculosis, cáncer, depresión grave, cardiopatías y otros males.
En el Código dominicano no existe la pena de muerte. Entonces, así como Cristo vive, todo ser humano, delincuente o no, pobre o rico, tiene también el derecho de hacerlo. Ahí queda la propuesta. Magistrados.